Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El debate legislativo sobre la reforma constitucional en materia electoral y revocación de mandato se encuentra en una etapa crítica en el Senado de la República, donde los seis votos del Partido del Trabajo (PT) resultan determinantes para alcanzar la mayoría calificada necesaria. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve su iniciativa conocida como Plan B, la aprobación requiere de 85 votos, cifra que las bancadas de Morena, PVEM y PT suman apenas con ese margen exacto, dado que cuentan con 87 legisladores en total.
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal el 17 de marzo incluye modificaciones sustanciales como la reducción de puestos en ayuntamientos, recortes a los sueldos de funcionarios electorales y cambios en la integración del Congreso, contemplando 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, el proceso de dictaminación enfrenta obstáculos debido a las dudas manifestadas por sectores del PT, cuya postura específica podría impedir la consumación de la reforma si no se alinean con el bloque oficialista.
En medio de este escenario, el senador Manlio Fabio Beltrones ha presentado una propuesta legislativa alternativa, generando un contraste de posiciones dentro del recinto parlamentario. Por su parte, los presidentes de comisión, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han emitido comunicados oficiales en el marco de los trabajos para dictaminar la iniciativa, aunque persisten contradicciones en la información pública sobre si el Congreso ya rechazó la propuesta o si el proceso de votación continúa en curso.
La complejidad del debate se ve reforzada por la participación de otros actores clave como Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y senadores de la oposición como Ricardo Anaya. La reunión extraordinaria convocada para definir el rumbo de la reforma electoral mantiene la expectativa sobre si se logrará destrabar el consenso necesario entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
Con la fecha de la sesión de dictaminación aún por definirse en detalle, la atención se centra en la capacidad de negociación del oficialismo para asegurar los apoyos internos. El resultado de estas deliberaciones marcará el futuro inmediato del sistema electoral mexicano y la viabilidad de los mecanismos de revocación de mandato planteados por la administración federal.
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