Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, la memoria del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene vigente mediante homenajes, mientras persiste la incertidumbre jurídica sobre Mario Aburto Martínez, quien cumple tres décadas en reclusión como presunto autor material del crimen.
La situación legal de Aburto Martínez atraviesa un punto crítico tras un fallo de 2023, donde un tribunal federal concedió un amparo que anuló su sentencia original de 45 años de prisión. El tribunal determinó que debió aplicarse el Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos, el cual establece una pena máxima de 30 años. Bajo este nuevo criterio legal, la condena del recluso habría concluido técnicamente en 2024.
Ante esta determinación, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó el fallo y llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hasta la fecha, no se ha emitido una resolución definitiva por parte del máximo tribunal, lo que mantiene a Aburto Martínez bajo custodia en el penal federal de Morelos a la espera de que se defina su estatus jurídico.
En el ámbito político, el PRI realiza actos conmemorativos a nivel nacional para recordar la figura de Colosio. Dirigentes y militantes del instituto político en Baja California, entre ellos Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma, participan en las ceremonias de homenaje. Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, ha destacado la importancia de mantener viva la memoria del político sonorense en este aniversario.
Por su parte, la defensa legal de Mario Aburto Martínez, representada por Jesús González Schmal, sostiene que su cliente fue víctima de tortura durante el proceso judicial original. Los abogados han manifestado su intención de acudir a instancias internacionales de derechos humanos si las autoridades mexicanas no confirman la liberación del sentenciado tras el cumplimiento de la pena máxima establecida por la legislación local aplicable.
El caso continúa siendo uno de los más emblemáticos y controversiales en la historia reciente de México, donde convergen la memoria histórica de un magnicidio que marcó la transición política del país y los debates contemporáneos sobre la aplicación de la ley, los derechos humanos de los reclusos y la certeza jurídica en procesos de alta complejidad.
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