Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la iniciativa de la Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, una propuesta legislativa que contempla penas de prisión de 40 a 70 años y multas de mil a dos mil UMAS para los responsables de este delito. El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, contando con la presencia de Ernestina Godoy, fiscal general de la República.
La iniciativa tiene como objetivo principal homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas del país, unificando así los protocolos de investigación y las sanciones aplicables. Según lo expuesto por el gobierno federal, la propuesta incluye la definición de nueve razones de género para configurar el delito, buscando cerrar vacíos legales que han permitido inconsistencias en la impartición de justicia a nivel local.
Entre los puntos centrales de la reforma destaca la tipificación de 21 agravantes específicos y la sanción explícita a la tentativa de feminicidio, lo que permitirá actuar legalmente incluso cuando no se consuma el homicidio pero existan las intenciones y acciones claras basadas en razones de género. Las multas establecidas en la ley oscilarán entre mil y dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), sumándose a las largas condenas carcelarias propuestas.
La estrategia legislativa busca estandarizar los criterios de actuación para las autoridades encargadas de la procuración de justicia en todo el territorio nacional. Con esta medida, el Ejecutivo federal pretende asegurar que las investigaciones sigan un protocolo único, independientemente del estado donde ocurran los hechos, facilitando la persecución del delito y la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
La presentación de esta iniciativa marca un paso central en la agenda de seguridad y justicia de género de la actual administración. Una vez formalizada la entrega del documento, la propuesta será turnada al Congreso de la Unión, donde deberá ser discutida y votada por las cámaras de Diputados y Senadores para su posible aprobación y entrada en vigor como ley federal.
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