Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión que marca un avance legislativo en materia de derechos sociales. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló datos sobre sus donativos a instituciones científicas y educativas, los cuales suman 32.5 millones de pesos en los últimos años, aunque se confirmó la cancelación de becas para 2025 debido a restricciones presupuestales.
La aprobación de la reforma habitacional contó con el respaldo de una mayoría significativa en el pleno legislativo. Entre los involucrados en la discusión y promoción de la iniciativa se encuentran la Comisión de Vivienda, encabezada por Maribel Martínez Ruiz, así como actores como Infonavit, representado por Octavio Romero Oropeza, y la CTM de Tereso Medina. El proyecto incluye el desarrollo de Viviendas del Bienestar en San Pedro, el cual contempla la construcción de 2,490 casas, aunque no se ha especificado el nombre de la empresa constructora responsable ni los detalles de las modificaciones rechazadas durante la votación en lo particular.
En el ámbito judicial, la SCJN presentó cifras sobre su contribución a la ciencia y la justicia. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Sin embargo, existe una contradicción en la asignación de recursos: mientras se cancelaron los donativos para becas de estas instituciones en 2025 por falta de presupuesto, en ese mismo año se destinaron 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para eventos sindicales. Entre 2021 y 2024, el monto total destinado a estos eventos ascendió a 10.2 millones de pesos.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, señaló que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México. Datos del Poder Judicial indican que en Quintana Roo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, lo que refleja un avance en la paridad, aunque persisten desafíos estructurales. En este contexto, figuras como Norma Piña, Arturo Zaldívar y Mónica Soto Fregoso, magistrada del TEPJF, han sido parte de los debates sobre la implementación de estas políticas.
La agenda legislativa y judicial también abarcó temas locales y federales con implicaciones sociales. En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida y la diputada Diana Sánchez Barrios han participado en discusiones relacionadas con el comercio ambulante y el uso de espacio público. Asimismo, la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández Mora, y organismos como la Arquidiócesis de México han intervenido en debates sobre el Día del Niño por Nacer y otras reformas ideológicas, evidenciando tensiones entre diferentes sectores de la sociedad.
El panorama laboral en el país sigue siendo un factor crítico para el acceso a la vivienda, dado que más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal. Esta realidad económica complica la capacidad de las familias para acceder a créditos hipotecarios tradicionales, lo que hace relevante la aprobación de la nueva Ley de Vivienda y los programas de construcción directa como el de San Pedro. No obstante, se mantienen pendientes detalles específicos sobre el monto de los recursos afectados por la cancelación de becas judiciales para los ciclos 2025 y 2026.
Las acciones tomadas por el Congreso de la Unión, la SCJN y gobiernos estatales como el de Aguascalientes reflejan una dinámica política descentralizada donde convergen avances en derechos y disputas por la asignación de recursos públicos. Mientras se consolida la legislación en materia de vivienda y ciencia, la vigilancia sobre la transparencia en el gasto judicial y la efectividad de las políticas de género continúan siendo puntos de atención para los actores políticos y la sociedad civil.
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