Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró esta semana sus múltiples facetas: desde la liberación de siete electricistas retenidos por crimen organizado en San Luis Potosí hasta el hallazgo de restos óseos calcinados y posibles crematorios clandestinos en Tequila, Jalisco, donde colectivos denuncian la falta de resguardo oficial. En contraste con la gravedad de los hallazgos, el Gabinete de Seguridad federal afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas recientemente en Quintana Roo se encuentran en sus hogares, una declaración que contrasta con la percepción de inseguridad en la región.
En el estado de Jalisco, la coordinadora del colectivo Buscando Corazones, Ivonne Gutiérrez, denunció ante medios el descubrimiento de indicios forenses en el cerro del Totole, en el municipio de Tequila. Según su testimonio, en el sitio se encontraron restos óseos calcinados, objetos personales y señales que apuntan al uso de ácido para disolver cuerpos. Gutiérrez criticó la inacción de las autoridades, señalando que el lugar no mantiene un resguardo adecuado, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias cruciales para identificar a las víctimas.
Por otro lado, en San Luis Potosí, un operativo de seguridad desplegó a 600 agentes para la búsqueda de siete electricistas que habían sido interceptados en Matehuala. Un electricista que prefirió mantener su identidad en reserva confirmó a medios que el grupo fue retenido por un grupo criminal con el fin de reclutarlos forzadamente, permaneciendo bajo custodia más de dos días. Finalmente, los trabajadores fueron localizados con vida, cerrando un episodio de tensión que mantuvo en alerta a la comunidad local y a sus familias.
Mientras se desarrollan estas búsquedas, la madre buscadora Ceci Flores aseguró mediante declaraciones en redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque la búsqueda independiente sigue arrojando resultados, persiste la incertidumbre sobre la confirmación oficial de la identidad de los restos y los avances en las pruebas de ADN, un dato que la investigación actual no ha podido verificar.
La situación de los defensores de derechos humanos también se agravó. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó el hecho como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a un patrón de hostigamiento contra activistas y periodistas que documentan la violencia en el país.
En el ámbito institucional, surgieron contradicciones respecto a las cifras oficiales. El Gabinete de Seguridad emitió un comunicado asegurando que las 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo corresponden a personas que ya se encuentran en sus hogares, sin evidencia de delito. Esta postura minimiza la crisis reportada por familias y colectivos, generando un escenario de discrepancia entre la narrativa gubernamental y la realidad en el terreno.
La complejidad de la crisis se refleja también en las demandas de justicia pendientes. Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, informó que mantienen pláticas con el ayuntamiento para lograr pensiones para las familias de los agentes desaparecidos. Sin embargo, el municipio ha argumentado que no existe una forma jurídicamente posible para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo mientras la búsqueda de sus seres queridos continúa sin respuestas definitivas.
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