Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron una serie de operativos de inspección que resultaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. Durante las acciones, se localizó a un total de mil 599 personas en los inmuebles intervenidos, de las cuales mil 518 fueron reintegradas con sus familias.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó la implementación de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación, un esfuerzo coordinado a través de la Mesa de Paz que involucró a la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y dependencias de seguridad y protección ciudadana. De los 94 centros inspeccionados durante la semana de operaciones, 29 se encontraban en Ecatepec y 24 en Naucalpan.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los anexos clausurados no cumplían con los requisitos legales y sanitarios necesarios para operar. Las investigaciones preliminares señalan que estos lugares presentaban posibles vínculos con delitos como privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Además, se detectó que algunos inmuebles funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, donde se obligaba a las personas recluidas a participar en estas actividades.
Como resultado de los operativos, ocho trabajadores de estos centros fueron detenidos. En cuanto al destino de las personas localizadas, además de la reinTEGRACIÓN familiar de mil 518 individuos, 80 personas fueron trasladadas a centros certificados para continuar su tratamiento bajo condiciones reguladas, mientras que una persona fue externada de manera voluntaria.
Las autoridades reportaron que en los centros intervenidos se encontraron condiciones de hacinamiento, insalubridad, alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado. Estas acciones forman parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, la cual busca regularizar el funcionamiento de estos establecimientos y garantizar los derechos humanos de quienes buscan atención para las adicciones en la entidad.