Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- En una sesión marcada por la tensión y la divergencia de criterios, los consejeros electorales Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez participaron en su última reunión presencial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), previo a concluir su encargo constitucional el próximo 4 de abril. Durante la jornada, los tres funcionarios denunciaron que el procedimiento administrativo abierto en su contra constituye una venganza política derivada de su voto a favor de posponer la consulta de revocación de mandato en 2021, mientras la consejera presidenta Guadalupe Taddei minimizó el impacto de las salidas al afirmar que la fortaleza del organismo radica en sus procedimientos y no en las personas.
Jaime Rivera Velázquez señaló que el proceso seguido por el Órgano Interno de Control se mantiene congelado sin resolución definitiva, lo cual, además de representar una afectación individual, impide a los consejeros cobrar su finiquito. El consejero saliente enfatizó que los integrantes del órgano electoral no deben ser sancionados ni investigados por decisiones tomadas de forma colegiada, exigiendo garantías institucionales que permitan a los actuales y futuros miembros actuar con independencia. Por su parte, Claudia Zavala Pérez advirtió sobre la persistencia de pulsiones autoritarias que ponen en riesgo la autonomía del instituto.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó las acusaciones de debilitamiento institucional y sostuvo que el INE cuenta con la solidez necesaria para organizar el megaproceso comicial de 2027. En el mismo tenor, Taddei desmintió versiones sobre un supuesto robo de afiliados por parte de Morena hacia organizaciones que buscan registro partidista, aclarando que ningún partido político nacional está quitando registros a dichos grupos, aunque reconoció que el análisis integral de los padrones para determinar la validez de afiliaciones en disputa aún no concluye.
Paralelamente a la despedida de los consejeros, avanza el proceso de designación de sus sustitutos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría calificada. La Junta de Coordinación Política avaló la integración del Comité Técnico de Evaluación, encargado de filtrar a los aspirantes, conformado por Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá, propuestos por San Lázaro, así como Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diversos sectores han señalado que los integrantes de este comité tienen cercanía con el gobierno federal y Morena, lo que ha generado controversia sobre la imparcialidad del proceso de selección.
Los tres consejeros salientes dejan el cargo tras nueve años de funciones, periodo en el que destacaron la implementación de la paridad de género, la organización de elecciones del Poder Judicial y medidas de inclusión como el voto anticipado. Sin embargo, su salida deja abierta la disputa sobre el control del órgano electoral, dado que la nueva integración del consejo podría inclinar la balanza hacia el bloque afín a la llamada Cuarta Transformación, consolidando una mayoría absoluta que podría definir el rumbo de la democracia mexicana en los próximos años.
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