Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia se intensificó tras acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos bombardeos desde territorio ecuatoriano que habrían dejado 27 muertos, denuncias que fueron categóricamente rechazadas por su homólogo Daniel Noboa, quien aseguró que las operaciones militares se realizan exclusivamente dentro de su territorio contra grupos narcoterroristas. El conflicto, que se arrastra desde enero con una guerra comercial entre ambos países, representa el punto más álgido en las relaciones bilaterales en años, con acusaciones directas entre mandatarios y la aparente ruptura de los canales diplomáticos formales.
Petro afirmó mediante sus redes sociales y en consejo de ministros que “están bombardeándonos desde Ecuador” y reportó “27 cuerpos calcinados” como consecuencia de estos ataques, aunque no precisó la ubicación exacta ni la identidad de las víctimas. El mandatario colombiano insistió en que “no queremos ir a una guerra” y señaló que los bombardeos “no parecen ser ni de los grupos armados ni de la fuerza pública de Colombia”, insinuando así la responsabilidad directa de las fuerzas ecuatorianas.
Noboa respondió de inmediato calificando las declaraciones de Petro como “falsas” y asegurando que Ecuador actúa “en nuestro territorio” como parte de operaciones contra el crimen organizado, “principalmente colombianos”. El presidente ecuatoriano acusó al gobierno de Petro de “permisividad” en la frontera y de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros.
La revista Semana citó declaraciones adicionales de Noboa donde éste afirmó: “Falso. Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”. Esta postura refleja la narrativa oficial de Quito, que responsabiliza a la falta de control colombiano en la frontera por la infiltración de grupos criminales.
La crisis actual representa una escalada de la disputa bilateral que comenzó en enero de 2026, cuando Ecuador impuso aranceles de hasta 50% a productos colombianos alegando falta de control del narcotráfico en la frontera, medida a la que Colombia respondió con sanciones recíprocas. La zona fronteriza, de más de 600 kilómetros, es considerada un corredor crítico para el narcotráfico, las disidencias de las FARC, la minería ilegal y el contrabando.
La falta de verificación independiente sobre los supuestos bombardeos y la ubicación exacta de los incidentes dificulta establecer los hechos con precisión. Ningún organismo internacional ni fuerza de paz ha confirmado los eventos reportados por Petro, y ambos países mantienen versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la remota región fronteriza.
El deterioro de las relaciones entre los dos países sudamericanos preocupa a observadores regionales, que temen una mayor escalada en una zona ya de por sí vulnerable. La retórica belicista y la ausencia de mecanismos diplomáticos funcionales podrían complicar aún más la seguridad en la frontera, tradicionalmente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y actividades criminales transfronterizas.
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