Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes al Senado su Plan B de reforma electoral, una iniciativa que incluye reducción de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones al proceso de revocación de mandato, luego de que su Plan A fuera rechazado en la Cámara de Diputados. El paquete, que debe aprobarse antes de septiembre por restricciones constitucionales, fue respaldado públicamente por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y por el líder del PVEM, Manuel Velasco, aunque surgieron las primeras contradicciones y críticas desde la oposición.
La propuesta establece que el número de regidores por municipio se reduzca a un rango de 7 a 15, en lugar de las cifras actuales que en algunos casos superan los 20. Además, impone un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto operativo de los congresos locales, una medida que, según sus promotores, busca la austeridad. En materia de fiscalización, la iniciativa retoma las investigaciones por el Fondo de Fiscalización Especial para la Libertad (FISEL), de las cuales se iniciaron 741 carpetas durante el año 2025.
Uno de los cambios más destacados se refiere al mecanismo de revocación de mandato. La reforma propone adelantar el plazo para solicitar el proceso al tercer año de gobierno y, de manera polémica, autoriza explícitamente a la presidenta de la República a hacer campaña con recursos públicos a favor o en contra de la revocación. Este punto ha generado críticas por considerar que otorga una ventaja desproporcionada al titular del Ejecutivo.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que este Plan B es “necesario y urgente” para modernizar el sistema político y ahorrar recursos. Por su parte, Manuel Velasco, líder del PVEM, anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque ese respaldo mostró una fisura inicial cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto completo, información que aún no se ha hecho pública.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó la iniciativa, calificándola de “regresiva” y afirmando que “disfraza un intento de control político con el discurso de la austeridad”. Señaló especialmente la eliminación del principio de paridad de género en las regidurías como un retroceso en materia de derechos. La posición oficial del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición gobernante, aún se desconoce.
El contexto de esta iniciativa es el rechazo sufrido por el Plan A de reforma electoral en la Cámara de Diputados, lo que obligó al gobierno a reformular su propuesta. Ricardo Monreal también mencionó que se trabaja en una reforma judicial complementaria, de la cual no se ofrecieron detalles. El paquete ahora inicia su discusión en las comisiones del Senado, en una carrera contra el tiempo por el plazo constitucional de septiembre de 2026 para su aprobación.