Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El gobierno federal evalúa la posible aplicación de la ley de extinción de dominio sobre el inmueble conocido como Plaza Izazaga 89, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, debido a presuntas prácticas recurrentes de contrabando y piratería. La medida es considerada luego de que el lugar haya sido clausurado en cinco ocasiones anteriores, según confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El funcionario federal señaló que las autoridades están integrando toda la información necesaria para garantizar el éxito del proceso legal que podría despojar de la propiedad a los responsables. Ebrard enfatizó que el ejecutivo prepara medidas relevantes en torno a este predio, el cual opera con normalidad a pesar de los antecedentes de irregularidades.
De acuerdo con las declaraciones del secretario, la acción busca generar un efecto disuasorio frente a actividades ilícitas que se repiten en la zona. El gobierno valora esta herramienta jurídica como una respuesta contundente ante la reincidencia en el uso del espacio para fines ilegales, marcando un precedente en la lucha contra la informalidad y el comercio ilegal en el corazón de la capital.
Ebrard destacó que el contrabando y la piratería no solo representan un problema de orden público, sino que afectan directamente la inversión internacional al crear un escenario de competencia desleal. La eliminación de estos mercados ilegales mediante la extinción de dominio se presenta como una estrategia para sanear el entorno comercial y proteger a los actores económicos que operan dentro de la legalidad.
Hasta el momento, no se ha especificado un plazo estimado para la conclusión del proceso de integración de información ni se han detallado las acciones específicas que se implementarán de inmediato. Sin embargo, la insistencia en la recopilación de datos sugiere que el gobierno busca blindar legalmente la medida para evitar recursos de defensa por parte de los propietarios o responsables del inmueble.
La posible aplicación de la extinción de dominio en Plaza Izazaga 89 marca un punto de inflexión en la política de seguridad económica del actual administración, que opta por atacar la estructura patrimonial del crimen organizado y la piratería, en lugar de limitarse a clausuras temporales que no han logrado detener las operaciones ilegales en el sitio.
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