Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La bancada de Morena en el Senado confirmó que llevará al pleno la votación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral este próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de aprobar la iniciativa antes del inicio de la Semana Santa. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa esta modificación constitucional para limitar privilegios de funcionarios electorales y dirigentes partidistas, aunque la oposición denuncia que el paquete legislativos generará un incremento en el gasto público municipal y facilitará campañas permanentes del Ejecutivo.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, aseguró que se seguirá el trámite legislativo ordinario turnando la iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, pero estimó que el dictamen podría estar listo para su discusión y votación en el pleno a mitad de la semana. Fuentes del grupo parlamentario indicaron que la estrategia busca cerrar filas para garantizar la aprobación de los cambios, los cuales incluyen ajustes al artículo 115 constitucional para reintegrar el principio de paridad municipal y eliminar el techo mínimo de siete regidurías en los ayuntamientos.
La propuesta ha generado reservas entre los aliados del gobierno. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, señaló que, aunque su partido votará a favor, considera innecesario someter a la presidenta a un proceso de revocación de mandato. Por su parte, legisladores del PT como Alejandro González Yáñez y Liz Sánchez advirtieron que su respaldo es general pero que deben examinar con cuidado los aspectos específicos de la enmienda, particularmente los relacionados con la facultad del Ejecutivo para promover la consulta ciudadana.
En contraste, la oposición ha endurecido su discurso contra la reforma. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la iniciativa de ‘Plan Maduro’ y la equiparó con un golpe de Estado, argumentando que busca debilitar la autonomía de los órganos electorales. Críticos como el diputado Elías Lixa Abimerhi sostienen que la eliminación de topes en el número de ediles provocará un aumento de costos operativos en lugar del ahorro prometido por la administración federal.
De acuerdo con datos de la investigación, la reforma implicaría un aumento en el número de integrantes de cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. En el caso específico de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que generaría 221 regidurías adicionales, cifra que alimenta las críticas sobre el impacto financiero de la medida.
La controversia se centra también en la inclusión de la revocación de mandato dentro del ‘Plan B’. Analistas y legisladores opositores argumentan que este mecanismo es improcedente constitucionalmente al no existir una ‘pérdida de confianza’ documentada hacia la presidenta, requisito establecido en la Carta Magna. No obstante, los presidentes de las comisiones legislativas, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, defendieron que la norma permite a Sheinbaum promover únicamente su propio proceso de consulta y no el de candidatos de su partido.
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