Imagen de archivo de una vista de los retratos de periodistas mexicanos asesinados en 2022, durante una protesta de sus colegas frente a la sede de la Secretaria de Gobernación para rechazar la violencia, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
Ante esta determinación, el Gobierno de México rechazó el informe realizado por el comité, acusando que está desactualizado y carece de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, pues uno de los integrantes del comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades federales reprobaron el documento por considerarlo “parcial, sesgado y tendencioso”, al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En su defensa, el gobierno afirmó: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Por su parte, organizaciones civiles acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional. El informe del comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones tiene que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano y documentó la falta de respuesta del Estado en casos como Jalisco, donde han participado autoridades locales. No obstante, el propio comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Mientras se debate la crisis a nivel internacional, en Hermosillo, Sonora, se llevó a cabo el jueves 2 de abril de 2026 el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en el Panteón Municipal, ubicado al norte de la ciudad. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados en un predio corresponden a Saucedo Rocha, quien desapareció en 2019 y fue hallado el 24 de marzo durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis, la cual afecta directamente a más de 132 mil familias. Paralelamente, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la impunidad en crímenes contra periodistas. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad alcanza el 95 por ciento en homicidios contra periodistas y el 100 por ciento en desapariciones.
“Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”, declaró Mendiola. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México.
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