Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Plan B de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado generó divisiones entre los partidos políticos, con el PT expresando reservas sobre la fecha de la revocación de mandato y el PAN advirtiendo que representa un retroceso democrático. La iniciativa plantea un recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE) en cuatro años y establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, calificó la propuesta como una “farsa” que no resuelve problemas como el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Son torpezas vulgares como eliminar la paridad en Ayuntamientos”, señaló el legislador, quien además alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo.
Desde el PT, Benjamín Robles manifestó respaldo a la iniciativa pero con reservas significativas sobre la fecha de la revocación de mandato. El dirigente nacional prefirió que el proceso se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad electoral, cuestionando que sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. Esta postura contrasta con la de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, también del PT, quien aseguró que votará a favor del Plan B.
El diputado Rubén Moreira advirtió que la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación representa un daño a la equidad electoral. “Es un retroceso democrático que afectará la autonomía de los procesos electorales”, afirmó el legislador durante el debate en el Congreso de la Unión.
Por su parte, el INE defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios, señalando que los choques por este tema vienen desde 2018. La propuesta del Plan B afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, además de impactar a los aproximadamente 18,000 trabajadores del instituto electoral.
El debate se enmarca en una iniciativa que modifica aspectos clave del sistema electoral mexicano, incluyendo cambios en la organización de los comicios y la controvertida revocación de mandato que ya se utilizó en 2022, proceso que fue criticado por algunos sectores como un instrumento de promoción política.
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