Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal, considerado el más relevante hecho público en el país, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión busca determinar si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Administración General de Aduanas (ANAM) representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados a la presunta sustracción de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables es parte de la investigación, aunque la ubicación específica de sus instalaciones no ha sido detallada en los registros públicos disponibles.
La acción de la Corte surge después de que un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal contra los implicados. La anulación se fundamentó en el incumplimiento del requisito de procedibilidad, específicamente por la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM y una citación incorrecta durante la audiencia inicial, cuyos detalles exactos de fecha y hora no han sido precisados.
Según información publicada por el periódico La Jornada, la atracción del caso por parte del máximo tribunal permite revisar los criterios sobre qué autoridad debe encabezar la persecución de estos delitos fiscales. La controversia jurídica centra su atención en la competencia entre el SAT y la ANAM para actuar como representantes del fisco federal.
Este precedente podría establecer un criterio obligatorio para futuros casos de contrabando y huachicol fiscal, donde la definición de la autoridad competente es crucial para la validez de los procesos judiciales. La resolución de la SCJN aclarará las obligaciones institucionales en la persecución de fraudes contra el erario relacionados con combustibles.
La falta de claridad en el monto económico total del presunto contrabando y los detalles específicos de la audiencia anulada permanecen como puntos pendientes en la investigación pública. Sin embargo, el volumen de 21.5 millones de litros de diésel marca la magnitud operativa del esquema investigado.
Con la atracción del caso, la Suprema Corte asumirá la responsabilidad de dirimir la controversia legal y definir los alcances de la procedibilidad en delitos contra el fisco federal, lo que tendrá implicaciones directas en la estrategia de las autoridades aduaneras y tributarias para combatir el robo de combustible y la evasión fiscal.
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