Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de cualquier delito en el caso de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la institución electoral cuenta con los mecanismos legales para revisar posibles violaciones y emitió su fallo a favor del implicado.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al responder sobre el caso. La presidenta añadió que es necesario analizar los fundamentos de la resolución, pero reiteró el respeto a la decisión de la autoridad: “Es el Tribunal Electoral, ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución, pues hay que ver con base en qué hizo esta resolución”.
En contraste con la postura oficial, Carlos Loret de Mola, periodista de LatinUS quien difundió las grabaciones originalmente en 2020 junto con David León, calificó la absolutoria como un acto de retaliación política. “Esta es una venganza del régimen”, declaró Loret de Mola, denunciando que las instituciones del Estado se han alineado para exonerar a Pío López Obrador de lo que, a su juicio, constituía una evidencia clara de irregularidades.
Ante el fallo del tribunal, se anunció que se procederá legalmente contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola con demandas por daño a la imagen, estableciendo un monto de 200 millones de pesos para cada una de las acciones legales. Esta medida representa una escalada en la confrontación entre la parte afectada por la difusión de los videos y el medio de comunicación que los hizo públicos.
Medios de comunicación como López-Dóriga Digital han cuestionado la naturaleza del veredicto, describiendo al organismo juzgador como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió al implicado de hechos que consideraban “inabsolvibles”. La controversia surge en un contexto donde, según registros previos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había indicado que los recursos captados en las grabaciones estaban destinados al partido Morena.
La situación ha generado alertas sobre la seguridad del periodista denunciante. Carlos Loret de Mola ha expuesto públicamente los riesgos que enfrenta tras la difusión del material y la posterior reacción legal y política del gobierno. La divergencia entre la validación institucional del TEPJF y las acusaciones de parcialidad marca un nuevo capítulo en la disputa por la interpretación de la legalidad en el proceso electoral y la conducta de los actores políticos involucrados.
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